Honduras: un plan de terror se ha puesto en marcha
Análisis de coyuntura
La sociedad hondureña ha sido testigo
impotente de la vorágine de muerte y violencia en la que ha sido hundida tras
el golpe de Estado planificado y ejecutado por sectores oligárquicos. Antes de
ese suceso ocurrido el 28 de junio de 2009, hechos violentos como los
homicidios eran explicados mayoritariamente por ladelincuencia común y
organizada. El Observatorio de la Violencia señala que estos hechos han tenido
una tendencia al aumento, así, de 1195 homicidios cometidos en 2003, se pasó a
6239 en 2010.
Después de la brutal embestida militar,
la violencia comenzó a pasar su factura por razones políticas. De acuerdo al
Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), la cifra de homicidios
por tales causas suman 157 víctimas. El golpe de Estado ha afectado alcolectivo
gay, el cual, es uno de los grupos especialmente afectados así como miembros
del gremio periodístico. Durante el gobierno de facto de Micheletti el número
del primer colectivo suma22 ejecuciones y durante los cinco semestres de
Porfirio Lobo Sosa se contabilizan 42 muertes violentas. Por otro lado, el
número de periodistas asesinados suman 18. De esta manera, Honduras se ha
vuelto –después del golpe- un país peligroso para ejercer la labor de informar.
En octubre y diciembre de 2011
ocurrieron tres acontecimientos, dos de ellos que conmocionaron a la sociedad
entera: el asesinato de Alejandro Vargas (hijo de la rectora de la UNAH), el
asesinato de la periodista Luz Marina Paz y el asesinato de Alfredo Landaverde.
En febrero de 2012, el terrorismo de Estado[1]
dio un nuevo giro. Ocurren tres incendios y se derriban torres eléctricas
cercanas a la capital. Estos últimos sucesos – de los que da cuenta el presente
análisis- hacen pensar que en el país el tablero está puesto y que quienes
mueven las piezas lo hacen de manera maquiavélica. En ese sentido, nuestra
hipótesis es que el terrorismo de Estado ha pasado a una nueva etapa, la cual,
está preparando las condiciones para pasar a situaciones de mayor envergadura
para el proyecto oligárquico.
Contexto
Honduras es un país donde imperan las desigualdades
económicas, sociales y políticas. De acuerdo a la CEPAL, el quintil más pobre se
queda con apenas el 2.5 del ingreso mientras que el quintil más rico recibe el
60.2 de los ingresos (2010). Con su 67.4 % y 42.8 % de población viviendo en
pobreza y pobreza extrema respectivamente, Honduras es uno de los tres países
del continente más afectados por esas condiciones socioeconómicas.
La desigualdad política queda de
manifiesto en el monopolio del poder por parte de la clase dominante a través
de sus dos partidos: el Liberal y el Nacional. Los grupos de poder económico
durante los años de “democracia” en Honduras han consolidado el capital nacional y extranjero ubicando
hombres y mujeres obedientes a sus designios tanto en el poder ejecutivo,
legislativo y judicial. La causa para que Manuel Zelaya Rosales recibiera el
golpe de Estado que lo tumbó del poder fue su empeño en reducir las
desigualdades impuestas por el poder económico. Su proyecto -que gozó de apoyo
popular- dejó de encajar en el proyecto oligárquico pues comenzó a afectar los
intereses de acumulación de capital de las empresas nacionales y
transnacionales.
El golpe de Estado ha dado lugar a una
continua militarización de la sociedad. Así, militares golpistas ocupan
actualmente posiciones de liderazgo en Hondutel y la Marina Mercante, se ha
discutido como anteproyecto de ley en el congreso nacional el regreso del
servicio militar obligatorio, se ha puesto en marcha el programa “Guardianes de
la Patria” cuyo objetivo, y se ha otorgado por vía constitucional la asunción
funciones policiales al ejército. La saturación de lo militar también ha
llegado a la esfera política con la fundación del partido denominado Alianza
Patriótica cuyo máximo dirigente es el exjefe de las FF.AA durante el golpe de
Estado Romeo Vásquez Velásquez. Lo más reciente de la imparable militarización
del país es quelas FF.AA pueden realizar compras sin hacer ningún tipo de
licitación (Tiempo; 2012).
La militarización es un fenómeno en
curso que también está ocurriendo en países vecinos como El Salvador y
Guatemala. En el primer país el gobierno de Mauricio Fúnez por presiones de los
Estados Unidos destituyó a Manuel Melgar como ministro de seguridad para poner en el mismo cargo a el general retirado Manuel
Munguía Payés. El ascenso al poder de Otto Pérez Molina en la vecina Guatemala
también ha supuesto el involucramiento de militares en asuntos de seguridad
interna que le competen a la policía. El encargado de velar por la seguridad de
ese país es el coronel Mauricio López Bonilla.En fecha reciente, López Bonilla
anunció la necesidad de disponer de tres mil nuevos integrantes dentro del
ejército para brindar mayor seguridad al país (CLOC, 2012)
El terrorismo como consecuencia del
golpe de Estado
El golpe de Estado es un hecho histórico
que en términos temporales ha tenido
consecuencias de corto, mediano y largo plazo. Diversos sectores de la
oligarquía lo apoyaron por lo que líderes empresariales, políticos, religiosos,
policiales y militares apuntalaron incondicionalmente la ruptura del orden
constitucional. Asimismo, el golpe de Estado no puede dejar de verse como un
proyecto de los Estados Unidos para contrarrestar el avance de los gobiernos
progresistas en la región latinoamericana. Históricamente, los EE.UU. han usado
a los ejércitos nacionales para mantener su hegemonía. Así ocurrió en Guatemala
con Jacobo Arbenz, en Chile con el derrocamiento de Salvador Allende en 1971 o en
Venezuela con el fallido golpe de Estado del 2002.
Lo sucedido en Honduras con el golpe de
Estado dio a un luz a un nuevo actor –el Frente Nacional de Resistencia
Popular- cuyo brazo político es el partido Libertad y Refundación (LIBRE). El
FNRPcomo fuerzaheterogénea aglutina fuerzas políticas como los liberales en
resistencia y pinuistas-sd, movimientos y organizaciones indígenas, religiosos,
LGTB, obreros, estudiantiles, etc. Uno de los objetivos del FNRP a través de
LIBRE es la refundación del país. Esto supone una serie de cambios radicales
que afectarían los intereses de la oligarquía nacional así como también los
intereses económicos y geopolíticos imperialistas estadounidenses. La
refundación es, de hecho, una aspiración popular que choca indefectiblemente
con el proyecto hegemónico oligárquico cuya piedra angular es la acumulación
desbocada de capital.
La derecha en el país está decidida a no
ceder un ápice del poder que ejerce sobre lo que considera de su propiedad, es
decir, la nación entera con todos sus recursos. Su intransigencia quedó demostrada
sobremanera con los hechos del 28 de junio y lo sucedido posteriormente. Para
la clase dominante, el FNRP es una fuerza política nada desestimable. Por ello,
ha recurrido a diversas estrategias para frenar su avance. En el campo político,
ha fundado dos partidos: el partido Anticorrupción y el partido Alianza
Patriótica.
En la primera apuesta ha colocado a un
personaje mediático conocido por sus programas deportivos y de entretenimiento;
en la segunda a un hombre que simboliza la fuerza de la opresión. Quizá la
próxima jugada –en el caso de Alianza Patriótica- sea la aprobación por vía
constitucional de la participación de los militares en política sea como
votantes. El propósito de tales estrategias es claro: fragmentar el electorado.
Ellos saben que el bipartidismo está desahuciado por lo que han renovado el
sistema de partidos.
¿Qué hay detrás de la muerte del hijo de
la rectora?
El 22 de octubre de 2011 los medios de
comunicación informaban del asesinato de Rafael Alejandro Vargas. El joven ejecutado
era hijo de la actual rectora de la UNAH Julieta Castellanos. Se descubrió que
sus asesinos fueron 4 policías. Curiosamente, pocos días después en una colonia
marginal se asesinó a igual número de agentes. Pero lo cierto es que el
asesinato del joven Vargas fue un golpe clave para lograr algunos cambios. Los
medios hicieron su parte poniendo al descubierto los vínculos de la policía con
el crimen.
Valiéndose de la desconfianza en la
policía, los políticos delestablishment
asignaron funciones policiales al ejército. Así, se avanzó un paso más en la
militarización de una sociedad a la que a toda costa se le quiere impedir su
transformación. En febrero de 2012 –paradójicamente mes del amor y de la
amistad- ocurrieron 4 acontecimientos que conmocionaron al país: se incendió el
centro penal de Comayagua, el mercado Colón, el seguro social y el
derribamiento de torres eléctricas que transportaban energía a la capital. Lo
que tuvieron en común los incendios es que -según algunos testigos- fueron
precedidos por explosiones. En los dos primeros casos, sorprendió la capacidad
destructora de los mismos por su intensidad, rapidez y la dificultad para
sofocarlos.
Los hechos mencionados indican un giro
en la agenda de terror de la derecha. La violencia oligárquica hecha de manera
clandestina mantuvo una dinámica de selectividad que incluyó al joven
universitario. De ahí, se pasó -con los incendios y le derribamiento de las
torres- a un terrorismo masivo. ¿Curiosamente en todo ese tiempo no se asesinó
a ningún miembro del FNRP? Lo que se busca es, sin duda, es paralizar temporal
o indefinidamente a una población que se ha sacudido de sus vendas a través del
recurso del miedo. El terrorismo también quizá sea un escalón en la agudización
de la guerra asimétricamente no declara
por la clase dominante a los sectores populares. Quizá lo que se busque es
atentar contra los líderes del FNRP. En ese sentido, el coordinador del de esa
organización Manuel Zelaya (El Libertador, 2012) ha denunciado públicamente que
existe un listado de 10 personas que serán asesinadas. Entre ellas estaba
Alfredo Landaverde, está él y su esposa Xiomara Castro.
La clave de la militarización
Durante y después del golpe de Estado,
los militares recuperaron su protagonismo de antaño. Ellos son parte de la
contraofensiva de los Estados Unidos contra la oleada progresista de la región.
En la reciente visita del vicepresidente JoeBiden, el jefe del Comando Sur
Douglas Fraser afirmó que los “ejércitos serán claves en la lucha antidrogas”
(La Tribuna, pág. 78, 2012). Sin buenas cartas credenciales en materia de lucha
antidrogas[2],
representantes del mayor país consumidor de drogas del mundo vienen a asignar
tareas a un ejército con supuestos vínculos con el sucio negocio.El
involucramiento del cuerpo castrense contra la narcoactividad no es más que un
subterfugio para ejercer un control draconiano sobre la sociedad. Como si
aprendieradel viejo refrán“cría cuervos y te sacarán los ojos”, la derecha
continental ya no está dispuesta a que su democracia de lugar a gobiernos que
atentencontra la estructura de acumulación de capital. En el caso hondureño,
LIBRE es visto como una serie amenaza. Su eventual llegada al poder a través de
vías democráticas está ya siendo truncada con el asesinato de sus miembros y
con acciones terroristas de alcance masivo.
Los acontecimientos de febrero
probablemente solo sean la puerta de entrada a un contexto más turbulento planificado
alevosamente y así justificar un segundo golpe de Estado en que los militares
podrían permanecer indefinidamente en el poder. De hecho, es plausible prever
un uso exacerbado de la violencia previo a las elecciones del 2014 o después de
un eventual triunfo de LIBRE. Entre las estrategias que posiblemente se sigan
están la mexicanización del país, es decir, una guerra abierta y sangrienta
entre los grandes carteles de la droga en el territorio nacional. Actos de
sabotaje contra la infraestructura y atentados contra grupos e individuos –aun
de la derecha- también podrían suceder. De ocurrir esto último, la oligarquía correrá
aresponsabilizar al FNRP de querer desestabilizar al país o al crimen
organizado. Con un panorama así, el poder militar emergería como el único capaz
de garantizar el orden y la seguridad en la nación.
El regreso de gobiernos militares no es
una idea descabellada. La historia enseña que elloshan contado con el patrocinio
de los Estados Unidos para apuntalar la acumulación de capital. Si las condiciones
ideológicas y políticas del momento son adversas, los militares son la
herramienta perfecta para frustrar cualquier intento de cambio en las
relaciones sociales de poder. Para una muestra un botón: el papel de estos
durante el golpe del 2009 y la indiferencia mostrada por la Casablanca no fue
nada fue fortuita, todo lo contario, existen pruebas del apoyo estadounidense a
ese acontecimiento. Desde la asunción de Zelaya como presidente, el contexto
ideológico-político se muestra desfavorable para la oligarquía. Esta, ha
recurrido al terrorismo para impedir las transformaciones profundas que traería
consigo la refundación del país.El movimiento de las piezas hecho hasta ahora apuntan a un jaque mate que
traerá una consecuencia infame: el retorno de los militares a dirigir el
destino de la nación o al menos influir cercanamente sobre él.
Bibliografía
1. CLOC
(2012, 12 de marzo), http://cloc-viacampesina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=409:no-a-la-militarizacion&catid=42:otras-noticias&Itemid=43)
2.
El Libertador (2012, 15
de marzo), http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-expresidente-zelaya-confirma-que-%C3%A9l-y-su-esposa-xiomara-est%C3%A1n-en-lista-de-personas-
3. Tiempo
(2012, 10 de marzo), http://www.tiempo.hn/index.php/honduras/6511-fuerzas-armadas-ya-pueden-realizar-compras-sin-licitacion
En realidad, se puede hablar de
terrorismo de Estado desde el momento en que se dio el golpe de 2009. La forma
en que fue secuestrado el presidente Zelaya, el despliegue de armamento y
personal militar, la forma bestial en que miembros del FNRP fueron reprimidos
por la policía durante las manifestaciones y el asesinato de miembros de esa
misma agrupación política son ejemplos de ese accionar estatal.
[2]Hechos como el escándalo Iran-Gate, el aumento de la producción de
opio en Afganistan después de la ocupación militar estadounidense o la reciente
operación “Rápido y furioso” ponen en entredicho la retórica de Biden y Fraser.
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